En defensa de la industria eléctrica de servicio público, y petrolera
Uno de los problemas de nuestra industria petrolera y de Pemex en especial, es el creciente proceso privatizador que las autoridades han estado llevando a cabo. Por un lado, se contratan actividades que Pemex había llevado a cabo durante décadas sin problema. Por otro, hay cada vez más obras en áreas reservadas en exclusiva a la nación por nuestra Constitución.
En las que se ha llamado zonas tradicionales petroleras, el crecimiento de actividades de esta naturaleza es gradual. Pero en las llamadas zonas nuevas, como Chicontepec y las llamadas aguas profundas, hay contratos gigantescos a una cuantas transnacionales para perforar todos los pozos que se trabajan en ellas. También existen estos, también llamados Contratos de Servicios Múltiples, en la extensa cuenca de Burgos.
Estas violaciones a la ley y a la Constitución deben detenerse ya. Otro problema, ya en el área de refinación, es el retraso extremo en la llamada nueva refinería, o nuevo tren de refinación. No sólo se ha retrasado hasta la adquisición del terreno, sino que en el presupuesto enviado a la Cámara de Diputados para 1910, la única obra incluida que tiene relación con ese nuevo tren de refinación, es la “Construcción de una cerca y barda perimetral” para ese mismo tren. Se destinan para esa obra 70 millones de pesos para 2010 y se estiman para 2011 otros 50 millones. ¡Dos años para una barda! Y nada de las obras de la refinería propiamente dicha.
En la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también hay un contratismo creciente. Varias actividades que antes se hacía por personal de esta entidad ahora se entregan bajo contrato con empresas privadas. Esto incluye las pocas nuevas plantas eléctricas que construye la CFE. Con las otras, el problema es peor.
Son empresas privadas las dueñas de las plantas que todas consumen gas natural. El gas lo paga la CFE, que por lo mismo es la que corre con los riesgos derivados de los aumentos del precio de este hidrocarburo. Estas empresas ya producen una tercera parte de la electricidad que se distribuye como servicio público. La CFE, además de la energía, paga a cada empresa una cantidad fija regularmente por la “capacidad instalada”, con lo cual llega un momento en que ya pagó todo el valor de la planta, pero esta seguirá, indefinidamente, siendo propiedad de la empresa privada.
Luz y Fuerza del Centro (LyFC), tenía hasta el momento de su cierre menos contratismo, más trabajo con medios propios, pero gradualmente se le va privando de su materia de trabajo. Ahora, se intenta el golpe final. Uno de los elementos importantes es la fibra óptica, medio muy eficiente de transmisión, aprovechando las líneas eléctricas en estos casos, para fines de telefonía, televisión e internet. En la CFE ya se arreglaron con una empresa gigantesca del ramo, para que sea ésta la que tenga los beneficios al vender estos servicios al público. En LYFC, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que en general se ha opuesto a las privatizaciones, plantea que se use la fibra óptica para beneficio social (escuelas, centros de investigación, hospitales, etc.) Y que la que llegue al público lo haga a precio más barato, para que sea el público, y no un monopolio, el que se beneficie de la eficiencia de estas instalaciones.
Desde la nacionalización de este servicio, no se han instalado, en la zona de Luz y Fuerza del Centro y su antecesora, nuevas plantas para generación estable de electricidad. El propósito visible era que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) no tuviera la posibilidad de hacer una huelga o tomara alguna otra medida similar, que suspendiera la generación de electricidad. Había una tradición de lucha del SME. Los daños de la falta de generación en el área central han sido importantes.
Luz y Fuerza del Centro, en agosto de 2005, planteó que esa entidad “no instala centrales generadoras desde 1974” en que se pusieron en servicio tres plantas turbogás. Estas últimas son para emergencias o generación en momentos difíciles. También dijo que “la falta de generación cercana y el constante incremento de la demanda de energía eléctrica, han originado que el Área de Control Central se encuentre operando de manera continua en estado de alerta”. Del 37% que se generaban a menos de 200 kilómetros en 2004, se habría llegado en 2008 al 31 por ciento si no se tomaban medidas.
El resto de la energía necesaria, la generación lejana proveniente de 300 a 700 kilómetros, equivale al restante 63% en 2004. El organismo agrega que “lo recomendable para un sistema eléctrico confiable es que la cercana sea al menos la mitad de la total requerida”, y que “Las condiciones actuales dan lugar a un riesgo permanente de colapso de voltaje en la zona”.
Estos datos oficiales muestran la principal causa del mal estado de la red en el sector central. Los anteriores argumentos los dio LyFC para apoyar un proyecto de lo que llamaron Generación Distribuida, que estaría formada primero por 20 turbinas con una capacidad de 32 Megawatts cada una, como plantas para emergencias o momentos de baja considerable en la alimentación convencional. Luego, según el programa anunciado entrarían dos plantas para uso relativamente permanente con una capacidad total de 1,250 megawatts. Estas dos plantas debieron haber entrado en operación en 2007–2008.
Sin embargo, sólo entró una parte de las turbogás, equivalente al 2 por ciento de la capacidad total y no entró nada de la generación más permanente. El estrangulamiento presupuestal no sólo no evitó que se aligerara el problema denunciado en 2005, sino que de hecho lo ha empeorado. La generación cercana se redujo a un tercio del total. Y este es sólo un ejemplo del castigo presupuestal a que ha sido sometida LyFC. La falta de presupuesto para renovar equipos de transmisión y distribución acaba de generar, en esta red eléctrica, una situación crítica.
Estos problemas eran atenuados y contrarrestados por el conocimiento de años del personal sobre estos equipos tan antiguos y desgastados. El despido masivo empeora la situación y explica la gran cantidad de apagones y el retraso en la reparación en un buen número de casos. Es muy fácil querer culpar a los trabajadores de un proceso totalmente ajeno a ellos, como es la paralización por vía presupuestal.
Todo esto ha contribuido a un problema que vivimos y a la amenaza de privatizaciones en mayor escala que las ya llevadas a cabo. De ahí la importancia de rechazar estas medidas.
